Al mismo nivel de otros temas importantes, entre las tareas a resolver por el recién constituido Parlamento Andaluz, emerge con fuerza el tema sanitario. La reiteración de crisis sanitarias que hemos estado padeciendo desde hace casi tres años, no olvidemos la listeriosis, el mosquito del Nilo y finalmente la terrible pandemia por Covid-19, han puesto en jaque a la administración sanitaria andaluza, hasta el punto de poner en duda la capacidad y fiabilidad del sistema.
Y todo ello en el contexto del profundo malestar de todos los estamentos sanitarios por las precarias condiciones laborales, la falta de estabilidad en el puesto de trabajo, la ausencia de incentivos profesionales y sociales y las diferencias retributivas con prácticamente todas las Comunidades Autónomas de España.
Pero por encima de otras carencias significativas, ha sido sobre la Atención Primaria, primer y principal baluarte sanitario en la lucha contra la enfermedad, en donde se han producido las mayores carencias de personal y de medios, en una lucha a muerte, sí a muerte por desgracia en demasiados casos, para preservar y proteger la salud de todos los ciudadanos andaluces. Situación no coyuntural sino endémica en todos los Servicios de Salud españoles.
No obstante lo anterior, es de justicia reconocer que en los últimos años, el impulso dado por el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, con el firme apoyo de todo el Gobierno andaluz ha supuesto un considerable avance en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, puesto de manifiesto en la contratación de miles puestos de trabajo o en la resolución y convocatorias de ofertas públicas de empleo, paralizadas desde hacía varias décadas. Sin olvidar la reapertura de hospitales públicos obsoletos o cerrados por una mala gestión sanitaria de los recursos. Tampoco podemos olvidar la progresiva subida de salarios a los profesionales sanitarios, que nos acercan a la media retributiva nacional, tan lejana hace pocos años.
Pero además, la gestión de la pandemia por Covid-19 en Andalucía ha sido ejemplar como así lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial, merced a las campañas de vacunación masiva, que han convertido a la Comunidad Andaluza en la mejor preparada para rechazar nuevos ataques del terrible agente patógeno. Sin embargo aún queda mucho por hacer. Ante la constitución del nuevo Parlamento andaluz, hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos del arco parlamentario para que unan sus esfuerzos para conseguir mayores recursos para la sanidad pública y allí donde no llegue ésta, para la privada, complemento indispensable en cualquier país moderno y democrático. El fin de la emigración de médicos andaluces, ofreciendo contratos dignos de trabajo y retribuciones justas, así como la homologación de personal sanitario extracomunitario con formación contrastada, sería una buena solución inicial.
Hace escasas semanas el Ministerio de Sanidad hacía público su informe sobre agresiones al personal sanitario durante 2021. Es terrible comprobar que en plena pandemia, 10.170 profesionales sanitarios que trabajaban dentro del SNS, sufrieran agresiones de todo tipo. Contra lo que cabría esperar, la crisis del Covid-19 no ha rebajado el número de agresiones, sino que la ha aumentado en un 3% más. Ser mujer de mediana edad, entre 35 y 55 años y médica de Atención Primaria es el perfil principal del profesional sanitario más agredido. El 15% de los sucesos fueron agresiones físicas, lo que en términos absolutos representaron 1.483 actos de violencia física sobre los profesionales sanitarios. Esto es inadmisible de todo grado.
Vuelvo otra vez a rogar a los parlamentarios andaluces que no eludan su responsabilidad en este tema. El Código Penal vigente no tiene capacidad sancionadora suficiente para frenar esta lacra. La tipificación de que el profesional sanitario sea considerado autoridad en el ejercicio de su función no ha contribuido a frenar este terrible fenómeno. No queremos volver a vivir episodios como el de la joven doctora de Murcia, que fue asesinada a tiros por un paciente disconforme con el tratamiento que le había puesto o el del compañero de Toledo que fue agredido con una barra de hierro que le provocó conmoción cerebral grave y pérdida de audición completa e irreversible.
Por todo ello exigimos al Parlamento andaluz la tramitación de una Ley específica contra las agresiones al personal sanitario, con carácter de urgencia para poner coto a tanto desmán como sufren, personas que solo pretenden ayudarnos a recobrar la salud.
Juan Manuel Contreras Ayala, secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla
Tribuna Abierta del diario ABC de Sevilla publicada el 8 de agosto de 2022.
